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Dice David Arellano Cuan, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación que la desaparición de poderes en municipios “se trata de una medida de carácter excepcional, no será de uso cotidiano” sin embargo asegura que el 75% de los ayuntamientos “podrían tener vulnerabilidad en relación con la infiltración de la delincuencia organizada”
Pues eso significa más de 1,800 municipios en riesgo; pero un
dato mucho más alarmante y al parece en el que coinciden muchos especialistas
es que ya hoy unos 800 municipios del país están infiltrados, infestados,
carcomidos, asumidos, coptados o absolutamente corrompidos por la delincuencia
organizada, es decir la medida excepcional deja de tener ese carácter cuando
tiene que aplicarse de manera general y parece ser que en México, la normalidad
es que gobierne la criminalidad.
Además el mismo personaje aseguró que “no se trata de desaparecer ese
nivel de gobierno sino de asumir sus funciones temporalmente”, aunque
no explicó quien, cómo y cuanto es temporal; cosas que además de necesarias
parecen inaplazables.
Bien, expliquemos primero con números lo que el señor
(seguramente experto en ciencias jurídicas, pues de matemática no entiende y de
sentido común menos) llama excepcional tres de cada cuatro NO SON EXCEPCIÓN, se
llama normativa; es más si sólo se tratase de 800 (como si eso fuera poco)
tampoco estaríamos hablando de excepción.
Pero veamos ese supuesto y una acción generalizada de
nuestros ámbitos de gobierno, para lograr el control de 800 municipios del
país, haciendo llegar en promedio 800 hombres y mujeres (entre nuevos
administradores, fuerzas del orden, ministerios públicos y hasta juristas) se
requiere de una fuerza de tarea de 640,000 personas obviamente capacitadas en
el ejercicio para el que serán llevadas.
Un ejército de personas que hay que preparar (claro en unos cuantos
años)
Para poder intervenir en 800 municipios se requeriría el
acuerdo de nuestros “distinguidos” legisladores que
tienen a bien trabajar (bueno, asistir) a las respectivas cámaras unos 150 días
al año, es decir logrando que deliberen sólo sobre ese tema y que acuerden uno
por día requerirían de más de cinco años de trabajo, dos legislaturas y dejar
pendiente todo lo otro que pueden hacer (que por cierto pare no importar mucho)
Habla de asumir temporalmente funciones, tratemos de descifrar
lo que para él significa “temporalmente” y supongamos un
municipio como Iguala (para no hacer ejercicios en el vacío) con una población de
unos 120 mil habitantes, con una actividad económica y grupos de poder organizados
para defenderla, requeriría de unos 12 meses de “acuerdos” y convenios que
permitieran una “normalidad” y de otros 12 meses para la organización de
elecciones (sin que ello lleve necesariamente a la erradicación de las
actividades ilícitas. Es decir unos dos
años para regresar a donde empezó.
La matemática, la lógica y el sentido común nos dicen que esperar
tres años para componer algo que ya dejó de ser conveniente, es simplemente
navegar en la estupidez, lo que es cotidiano en funcionarios del gobierno actual.
SALUD
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